Aunque necesita una reforma, el organismo de control sigue observando – POLITICO

En “El curioso caso de la desaparición de las infracciones de la UE” (13 de enero), R. Daniel Kelemen y Tommaso Pavone arrojan luz sobre una parte crucial y poco debatida de la maquinaria reguladora de la Unión Europea. Pero, ¿ha relajado realmente la Comisión Europea su enfoque para controlar el cumplimiento de la legislación de la UE por parte de los países miembros? Su premisa merece una mirada más cercana.

Si bien es cierto que los procedimientos de infracción de la UE han sido menos frecuentes en las últimas décadas, las cifras no cuentan la historia completa. La Comisión también tiene formas “suaves” de ejercer su rol de “guardiana de los tratados”.

Tomemos el caso de Italia, por ejemplo. Allí, una mezcla compleja de solicitudes de información, inspecciones informales, reuniones de paquete y cartas administrativas (no del tipo de San Valentín) permiten a la Comisión tomar el pulso del cumplimiento nacional de la legislación de la UE a diario. Este flujo clandestino de relaciones diplomáticas y/o administrativas, que también tiene lugar de diferentes maneras en otros países miembros, puede parecer opaco y cuestionable, pero está lejos de ser ineficaz. Pero por efectivo y constante que pueda ser, elude cualquier estadística oficial.

Además, la afirmación de que la Comisión Europea ha relajado su uso de procedimientos formales de infracción no es del todo cierta, especialmente desde que la presidenta Ursula von der Leyen asumió el cargo. Incluso durante el primer confinamiento por la COVID-19 en Italia, la Comisión se detuvo brevemente antes de tomar medidas para iniciar procedimientos de infracción. Adoptando una postura un tanto severa, se centró particularmente en la protección de los derechos de los ciudadanos en tiempos de pandemia.

En aras de la claridad, la aplicación exhaustiva y precisa ha sido una parte esencial del desarrollo de la integración europea a lo largo de los años, y así debe seguir siendo. Y con este fin, los autores sugieren aislar la función de aplicación de la Comisión de su papel de formulación de políticas.

La idea es intrigante y bien establecida en el debate académico y político. Sin embargo, su implementación parece muy problemática y requiere la revisión de los tratados existentes.

No es descabellado suponer que la Comisión aceptaría esta pérdida de función técnica solo junto con una mejora proporcional de su papel político. Y no es probable que muchos países miembros acepten esta idea.

A la luz de esto, consideramos que una discusión completa sobre el procedimiento de infracción también debe abordar otras cuestiones más desafiantes.

El principal de ellos es la excesiva discrecionalidad de la Comisión en la gestión de los procedimientos de infracción. La Comisión no tiene obligación alguna de abrir, continuar o cerrar un procedimiento. El propósito de esto es proteger a la Comisión de conflictos formales con los países miembros, pero también corre el riesgo de comprometer seriamente su eficiencia y aceptación por parte de la sociedad.

Otro peligro es que cada procedimiento tiene el potencial de durar un período de tiempo indefinido y, lo que es peor, durar más tiempo sin ninguna actividad de ninguna de las partes. La duración de los procedimientos también tiene un claro impacto práctico en las sanciones pecuniarias, que a menudo se imponen mucho después de la primera convocatoria.

En un caso relacionado con la gestión de residuos en Campania, por ejemplo, Italia recibió una sanción pecuniaria ocho años después de que se abriera el proceso y al menos una década después de los hechos que causaron la infracción. Ahora ha estado pagando la misma multa durante siete años, a pesar de que se han logrado avances significativos para abordar la situación. ¿Hasta qué punto una sanción de este tipo será percibida como legítima por un gobierno y una población que se esfuerzan por atajar el problema?

Por último, también está el caso de que los procedimientos no siempre se cierren tan pronto como finaliza la violación. Esto sucede cuando la Comisión teme que puedan presentarse nuevamente infracciones similares o cuando espera que todos los miembros investigados cumplan simultáneamente. Pero si la apertura de un procedimiento de infracción se percibe como una vergüenza, entonces el país miembro debería tener derecho a que se levante esta deshonra tan pronto como termine la infracción.

Creemos que es posible una reforma creíble para mejorar el procedimiento de infracción a corto plazo. Para empezar, se debe llamar la atención sobre los poderes discrecionales de la Comisión y la duración de los procedimientos, ya que abordar estos temas ni siquiera requeriría una enmienda al tratado. Y hacerlo sin duda fortalecería el sistema de aplicación de la ley de la UE.

Massimo Condinanzi
Profesor de derecho de la UE, Universidad de Milán
Coordinador Oficina Nacional para la Resolución de Procedimientos de Infracción

jacopo alberti
Profesor asociado de derecho de la UE, Universidad de Ferrara

Camila Burelli
Investigador en derecho de la UE, Universidad de Milán




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