La Comisión de la UE propone congelar el 65% de los fondos destinados a Hungría


La Comisión de la UE recomendó el domingo (18 de septiembre) suspender el 65% de los fondos de la UE, unos 7.500 millones de euros, destinados a Hungría, por motivos de corrupción y estado de derecho.

La congelación, la primera vez en la historia de la UE que utiliza el mecanismo de condicionalidad que vincula las subvenciones de la UE al respeto del Estado de Derecho, suspendería el dinero de los fondos de cohesión del bloque en el presupuesto a largo plazo de 2021-27.

«Sigue existiendo un riesgo para el presupuesto de la UE en esta fase, por lo que no podemos concluir que el presupuesto de la UE esté suficientemente protegido», dijo el domingo a la prensa el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.

La Comisión lanzó su propuesta en abril, y tras intensas conversaciones con las autoridades húngaras, ha identificado 17 medidas que quiere que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán cumpla.

La propuesta de la Comisión se debatirá ahora en el Consejo de los Estados miembros, que normalmente tienen un mes para decidir, pero pueden ampliar el plazo dos meses más.

Ofreciendo una salida al gobierno húngaro, la comisión pedirá al consejo que dé tiempo a los húngaros para cumplir, argumentando que las medidas legales necesitan tiempo para ponerse en práctica.

«El gobierno húngaro entiende claramente que tendrá que cumplir», dijo Hahn.

Hungría, según la Comisión, «se ha comprometido a informar plenamente a la Comisión sobre el cumplimiento de las principales medidas de aplicación antes del 19 de noviembre».

Esta suspensión se suma a los 5.800 millones de euros asignados a Hungría, que no han sido aprobados por la Comisión en el marco de los fondos de recuperación de Covid-19.

El ejecutivo de la UE dijo que había señalado «irregularidades sistémicas, deficiencias y debilidades en la contratación pública» como una preocupación clave.

Le preocupa especialmente el alto índice de procedimientos de licitación única y el bajo nivel de competencia en los procedimientos de contratación.

La comisión también está preocupada por la «detección, prevención y corrección de los conflictos de intereses», y por los llamados fideicomisos de interés público creados por el gobierno de Orbán en universidades y otras instituciones, apuntalados por los leales a Orbán.

El ejecutivo también quiere que se produzcan cambios en el nivel de las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos sospechosos.

Funcionarios de la Comisión dijeron que Hungría se comprometió a crear una nueva autoridad de integridad que permita el control de la contratación pública por parte de entidades interdependientes.

La Comisión dijo que habrá procesos para garantizar que los miembros de la autoridad sean independientes y no compinches de Orbán. También quiere que se cree una nueva fuerza de lucha contra la corrupción, que incluya a representantes de la sociedad civil.

El ejecutivo también quiere que se modifique el código penal para allanar el camino a la revisión judicial de las decisiones de la fiscalía.

Mentes centradas

Sin embargo, está por ver cómo cumplirá Orbán, que se presenta como protector de los valores sociales conservadores frente al Occidente liberal, y que se ha apoderado sistemáticamente de las instituciones independientes y ha desmantelado los controles y equilibrios.

«Queremos ver pruebas concretas», dijo un funcionario.

Funcionarios de la UE han dicho que el gobierno húngaro sólo se comprometió de forma significativa con la Comisión en agosto, después de que ésta, en julio, dijera a Budapest que podría recortar el 70% de los fondos.

«Eso pareció haber centrado las mentes en Budapest», dijo el funcionario sobre la advertencia de julio.

Orbán ha estado sometido a una presión económica cada vez mayor: las subidas de los precios de la energía y la inflación han hecho insostenible su política estrella de subvenciones a los precios y el forint ha sido la moneda con peor rendimiento en el flanco oriental del bloque.

Hahn se mostró «bastante optimista» respecto a los resultados de Hungría, afirmando que «la presión financiera muestra su efecto».

La nueva herramienta, que permite a la Comisión proponer la suspensión de los fondos de la UE si hay problemas de estado de derecho con relación directa a la gestión del dinero de la UE, entró en vigor este enero.

Desde 2018 existe un procedimiento diferente contra Hungría por su retroceso democrático.

Sin embargo, la comisión carecía hasta ahora de herramientas para forzar un cambio significativo por parte del gobierno húngaro.

«La comisión no debe dejarse engañar una vez más con promesas vacías», advirtió el domingo el eurodiputado de centro-derecha del PPE Petri Sarvamaa, que negoció la nueva herramienta por parte del Parlamento.


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